NORMATIVIDAD AMBIENTAL

Normatividad ambiental de desarrollo sustentable

La expedición de normas constituye, sin duda, uno de los pilares de la política ecológica. Giner revisa el proceso normativo de los últimos años y presenta algunas consideraciones sobre el mismo. Muchas de las soluciones que se imponen a través de la normatividad ambiental son al final del tubo o de carácter paliativo. Sólo las inversiones en tecnologías limpias atacan la raíz del problema con una perspectiva de largo plazo. Sin duda, el poder promover este tipo de tecnologías será una manera de lograr mejores resultados a futuro, pero, al mismo tiempo, es necesario buscar nuevos caminos regulatorios. La Ley Federal sobre Metrología y Normalización modernizó y perfeccionó el esquema normativo de México. El proceso de elaboración de normas en materia ambiental contempla la necesidad de desarrollar rigurosos estudios técnicos y de análisis costo/beneficio. Además contempla la participación de diferentes sectores de la sociedad (universidades, el sector público y el privado) en el Comité Consultivo Nacional y la participación ciudadana directa. Este año se ha aumentado considerablemente la participación de sectores no- gubernamentales en el Comité, y se han fortalecido los grupos de trabajo y los Subcomités. La normatividad ambiental mexicana ha tenido un desarrollo bastante acelerado a partir 1988. Desde 1993 muchas normas técnicas mexicanas se transformaron, tras una revisión especializada y un análisis costo/beneficio serio, en Normas Oficiales Mexicanas. A la fecha hay 79 Normas Oficiales publicadas, y se encuentran en proceso de elaboración 64, de las cuales cinco son revisiones. Las 79 publicadas nos colocan a la cabeza de América Latina y superan los esfuerzos de normalización de muchos otros países. Lo anterior muestra el considerable avance que hay en materia normativa en nuestro país, reflejo de un esfuerzo concertado por fijar metas de calidad ambiental. Sin embargo, hay considerables lagunas por llenar y algunos traslapes, ya que parte de las normas se han desarrollado en respuesta a demandas puntuales y presiones, sin tener detrás un ejercicio de priorización ni de análisis de efectividad y costo. Esto ha conformado un cuerpo normativo que a menudo contempla estándares diferenciados por industria para un mismo medio y un mismo contaminante, y que sin ser laxa no siempre refleja metas de calidad ambiental. Así, el número de normas que se ha desarrollado no refleja al grado que sería deseable la existencia de un cuerpo normativo coherente ni suficiente, aunque entre ellas hay un número importante que son adecuadas. Cabe destacar, dentro de las normas recientemente publicadas, la NOM-085 en materia de prevención de la contaminación atmosférica, que contempla parámetros diferenciados por región, tamaño de fuente, burbujas regionales y lapsos de aplicación sujetos a la posibilidad de cumplimiento. Además, tiene la virtud de incorporar explícitamente un instrumento económico, el mercado de derechos de emisión de contaminantes, que puede permitir a la ciudadanía o a las autoridades “comprar” una mejor calidad de aire a través de competir con las empresas en el mercado secundario de derechos. Como toda innovación radical ha sido sujeto de múltiples críticas y es, sin duda, perfectible, pero marca un hito importante en el proceso de normalización. Se ha revisado también este año, la norma que establece el listado de residuos peligrosos, analizando los criterios de definición de este tipo de residuos, lo que agilizará sustantivamente su manejo, sin inducir a mayor riesgo. En materia de agua tenemos una gran diversidad de normas que a menudo establecen parámetros diferenciados para un mismo cuerpo receptor, que podrían resumirse y adecuarse en su aplicación temporal para constituir un sistema coherente y mucho más sencillo. En materia de procesos productivos agropecuarios y de utilización de recursos naturales hay un reducido grupo de normas. Esta laguna es particularmente grave ya que los impactos ambientales en estos ámbitos pueden alcanzar dimensiones alarmantes y son frecuentemente irreversibles. La normatividad tiene límites como instrumento de regulación ambiental. Muchas de las metas deseables son imposibles con la tecnología disponible. Adicionalmente cabe siempre considerar que si nuestro objetivo es la calidad ambiental pueden existir otros instrumentos de regulación que nos lleven, por sí mismos o en combinación con las normas, a alcanzar niveles más altos en plazos más breves y a menor costo.La incorporación de instrumentos económicos en las normas, o el complementarlas con ellos, puede ser un mecanismo para acercarnos a un desarrollo sustentable más rápidamente y mejor que la normatividad por sí sola. La normatividad expresa, por una parte, la voluntad de calidad ambiental pero, a la vez, impone parámetros que a menudo no son considerados convenientes por los afectados. Esto lleva a la necesidad de control y vigilancia, con costos administrativos, económicos y sociales muchas veces excesivos. Si las normas incorporan instrumentos que induzcan su cumplimiento, apelando al interés de los agentes, la necesidad de vigilar y controlar disminuye. Esto, que es deseable en cualquier circunstancia y lugar, es particularmente importante hoy en nuestro país. Coordinar las normas de emisión a la atmósfera, de descargas al agua y de manejo de residuos sólidos, inducirá a conductas que minimicen el uso de recursos y la contaminación de una manera mucho más directa que estableciendo normas independientes para cada medio. Es preferible una normatividad gradualista que se pueda cumplir y que plantee exigencias claras, definidas, que una normatividad estricta desde el principio que no se pueda cumplir. Se debe atender el impacto total sobre el ambiente, con estándares diferentes por región, según el impacto marginal sobre el ecosistema particular. Podemos buscar estándares muy estrictos en zonas actualmente críticas, a la vez que damos tiempo a que otras zonas los alcancen paulatinamente. Lo mismo se aplica a tamaños de empresas, pudiendo ser, en general, más estrictos -en el corto plazo- con los grandes generadores que con los pequeños. Las normas deben ser lo más sencillas de cumplir y controlar, y en el largo plazo iguales para todos los agentes afectados, para no dar ventajas a alguno de ellos. Se debe prestar especial atención a ramas prioritarias, a través del diseño de un sistema de regulación de ramas de actividad económica específicas, enmarcado en metas generales de largo plazo. Este esquema regulatorio depende en gran medida de la normatividad, pero debe complementarse con esquemas de autoregulación y con instrumentos económicos para aumentar su efectividad. Es imprescindible atender las lagunas existentes y complementar la normatividad con otros instrumentos de regulación, buscando siempre las rutas que garanticen el mínimo costo social para alcanzar metas de corto, mediano y largo plazo. Deben, también, desarrollarse métodos alternativos de medición que sean aplicables a bajo costo, de manera que las empresas de escasos recursos puedan determinar si cumplen o no con la norma establecida. Por último, quisiera recalcar que el esfuerzo de normalización debe orientarse al desarrollo de tecnologías limpias, que es una de las vías disponibles para lograr un desarrollo sustentable. Por ello, se debe ofrecer certidumbre que permita planeación a largo plazo y que genere las condiciones para el desarrollo de un mercado vigoroso de tecnologías ambientales. primero, la dificultad técnica de determinar con certeza los costos del desarrollo de las actividades; el segundo, tiene que ver con los costes sociales o políticos de imponer una nueva carga o tributación fiscal. Por estas razones, es importante que la carga, derecho o impuesto, se fijen en un nivel adecuado. Tanto para alcanzar los objetivos ambientales, como para modificar las conductas; un impuesto demasiado bajo de su costo real no ayudará a corregir la distorsión de las fallas del mercado (externalidades negativas), mientras que uno demasiado alto sustituirá una distorsión por otra. Los criterios que pueden guiar la creación de figuras tributarias son la eficacia ambiental, la eficiencia económica, la incidencia distributiva y la viabilidad práctica para su implementación, operación y seguimiento. La aplicación adecuada de los instrumentos económicos presupone la existencia de mercados que funcionan razonablemente bien y la presencia de precios no distorsionados por subsidios.